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Socio Director
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La acción de repetición, consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 678 de 2001, constituye un mecanismo de naturaleza excepcional que permite al Estado reclamar a sus agentes el reintegro de las sumas pagadas por concepto de condenas o acuerdos indemnizatorios, cuando el daño antijurídico sea consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa.
Pese a su carácter subjetivo, en la práctica se ha evidenciado una tendencia a ejercer la acción de repetición sin un análisis riguroso del elemento subjetivo, lo que plantea serios cuestionamientos desde la perspectiva del debido proceso y de la responsabilidad personal del servidor público.
La acción de repetición no puede fundarse en la sola existencia de una condena contra el Estado. Su procedencia exige la acreditación de una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible de manera directa al agente estatal, vinculada causalmente al daño indemnizado.
La jurisprudencia constitucional y contencioso-administrativa ha sido consistente en señalar que la responsabilidad patrimonial del Estado no se confunde con la responsabilidad personal del funcionario, y que no resulta jurídicamente admisible trasladar de forma automática las conclusiones del proceso de condena estatal al juicio de repetición.
El ejercicio irreflexivo de la acción de repetición puede generar importantes riesgos jurídicos e institucionales. Entre ellos se encuentran la vulneración del derecho de defensa del agente estatal, la inversión indebida de la carga de la prueba y la desnaturalización del carácter excepcional de este mecanismo.
Asimismo, la interposición de demandas sin una valoración individualizada del contexto funcional, de las competencias del servidor y de los estándares de diligencia exigibles, puede debilitar la confianza institucional y desincentivar la vocación de servicio público.
Las directrices emitidas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado han resaltado la necesidad de adoptar metodologías técnicas que permitan evaluar de manera objetiva y contextualizada la existencia de dolo o culpa grave en la conducta del agente estatal.
Estas orientaciones buscan garantizar que la acción de repetición cumpla su finalidad preventiva y pedagógica, sin convertirse en un mecanismo automático de traslado de responsabilidades ni en una herramienta de reproche institucional desproporcionado.
La acción de repetición exige un juicio autónomo, riguroso y debidamente motivado sobre la conducta del agente estatal. La omisión de este análisis compromete la legalidad del proceso y afecta principios esenciales como el debido proceso, la proporcionalidad y la responsabilidad subjetiva.
Un uso responsable y técnicamente fundamentado de la acción de repetición resulta indispensable para preservar su legitimidad como instrumento de control, sin menoscabar los derechos de quienes ejercen funciones públicas.
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